El Tribunal de Cuentas de Río Grande declaró razonable que la tarifa del boleto de colectivos es de $1.174,85 en función de la estructura de costos presentada por la empresa City Bus. Por lo cual el Ejecutivo Municipal decidió, luego de un análisis de sus finanzas públicas, absorber con fondos propios el 50% de dicho valor, por lo que el boleto en Río Grande pasará a costar $587,42. Frente a la quita por parte del Gobierno Nacional del subsidio al transporte público, el Municipio decide acompañar a los usuarios y usuarias del transporte público evitando un impacto excesivo en la tarifa.
El 01 de mayo último la empresa prestataria del servicio de colectivos en la ciudad de Río Grande presentó un pedido de fijación de la tarifa del boleto de colectivos por $1.180, lo cual fue remitido desde el Ejecutivo Municipal al Tribunal de Cuentas, tal como prevé el contrato de concesión.
Desde el órgano de control municipal se emitió la resolución correspondiente la cual, previa intervención del área legal y contable, llegó a la determinación de que, dada la estructura de costos presentada por la empresa Citybus, es razonable en Río Grande un boleto de colectivo de $1.174,85.
Ante esta solicitud de la empresa y las previsiones contractuales que regulan el servicio, el Ejecutivo Municipal informó que se tomó la determinación de absorber con arcas municipales un 50% de ese valor, para lograr que los usuarios y usuarias abonen como precio final un boleto de $587,42, monto considerablemente inferior en comparación con el valor del boleto de colectivos en otras localidades del país.
Al respecto, el Secretario de Gobierno del Municipio, Gastón Díaz, detalló que esta decisión “implica un gran esfuerzo económico por parte del Municipio, teniendo en cuenta que desde el 01 de enero último el Gobierno Nacional quitó el subsidio al transporte público de pasajeros”.
El Secretario destacó que “esto es posible dado que mantenemos un Municipio ordenado financieramente, que cuida los recursos de los vecinos y los invierte en aquellos servicios que consideramos necesitan de una presencia del Estado para que sean accesibles a todos”.
“En el transporte público se movilizan nuestros trabajadores, jubilados, docentes y estudiantes, por lo que la decisión política de intervenir en el costo final del boleto implica un gran esfuerzo, pero lo hacemos convencidos que es el camino correcto”, expresó.
Finalmente, Díaz remarcó que tal decisión se tomó entendiendo que “nosotros, como Ejecutivo, tenemos la obligación de garantizar la normal prestación de un servicio público como es el transporte, asegurando su accesibilidad”.
