A menos de cinco días de que la ciudadanía argentina vuelva a las urnas para definir el rumbo nacional y también provincial, un manto de silencio opaco cae sobre la cúpula de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, un mutismo que, lejos de aquietar las aguas, resuena con una estridencia ensordecedora en la provincia más austral.
La causa de este incómodo mutis no es otra que la grave acusación que pesa sobre el diputado nacional Santiago Pauli y tiene que ver con el pedido del 100% del ítem de desarraigo a sus empleados legislativos para cubrir gastos de las sedes partidarias.
La difusión del audio, aportado por Rolando Correa, asesor del bloque libertario fueguino que todavía está en funciones, expuso una práctica que, de terminar de confirmarse, dinamitaría el discurso de austeridad, transparencia y “casta” que enarbola el espacio libertario.
El “diezmo” o la “devolución forzada” de una parte del salario de los trabajadores para financiar la estructura partidaria no solo es moralmente cuestionable, sino que choca de frente con la ética republicana y el manejo de los fondos públicos. Se trata, ni más ni menos, de utilizar recursos del Estado, destinados a un concepto salarial específico del trabajador (el desarraigo), para fines políticos propios.
Claro está que el malestar social (y en el propio seno libertario) no tardó en manifestarse. El shock de ver cómo el discurso del “no hay plata” y el ataque a la “casta” se desdibuja en la realidad fueguina por presuntas maniobras de financiamiento “puertas adentro” del espacio, generó una profunda decepción.
Y ante la tormenta, la respuesta de los principales involucrados fue nuevamente el silencio. Un silencio elegido, calculado, que se extiende desde el diputado Santiago Pauli hasta la legisladora Natalia Gracianía y el propio presidente de LLA en la provincia y actual candidato a diputado nacional, Miguel Rodríguez. En tanto el legislador Agustín Coto, habló ayer en el medio libertario Neura donde no fue consultado sobre este escándalo y tampoco hizo referencia alguna.
La negativa a dar explicaciones o a desmentir categóricamente los hechos en un contexto pre-electoral resulta, cuanto menos, una señal de alarma. El silencio no es neutral; en política, cuando las acusaciones son de esta gravedad, se convierte en una forma de elusión, casi de admisión tácita.
Este escándalo se da, además, en medio de versiones que hablan de una ruptura irreconciliable en el espacio fueguino, marcando una clara división entre el sector de Coto y el de Pauli, este último fuertemente vinculado a sectores de la iglesia evangélica.
Con un “Rolo” Correa paseando por todos los medios de comunicación para brindar más detalles de los manejos de estos fondos, sin dudas que Pauli y la dirigencia de La Libertad Avanza tienen una obligación ineludible: romper el silencio. Lo que está en juego no es solo la credibilidad de un diputado, sino la de un proyecto político que clama por la pureza de sus intenciones.
A menos de una semana de los comicios, está claro que el costo de este silencio atronador podría ser mucho más alto que cualquier ítem de desarraigo.
