La Legislatura de Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo a su historial de eventos insólitos al suspender la Cuarta Sesión Ordinaria del año, un encuentro largamente postergado y que prometía abordar temas cruciales para la provincia.
Tras más de 130 días sin sesionar, y con una agenda que incluía el tratamiento de proyectos de alto impacto como la instalación de Salmoneras, la situación de YPF en la provincia, la problemática de la OSEF (Obra Social del Estado Fueguino) y el Presupuesto provincial, la expectativa era alta. Sin embargo, la jornada culminó en un nuevo papelón parlamentario.
La suspensión de la sesión, ordenada por la vicegobernadora Mónica Urquiza (presidenta del cuerpo), se debió a un reclamo de un sector minoritario de la Asociación del Personal de Empleados Legislativos (APEL). Este sector, al que se le atribuyen claros vínculos con uno de los bloques opositores, logró forzar el levantamiento de la sesión; claro está que esto también se debe a la parsimonia de los quince legisladores que no lograron destrabar el conflicto.
Hasta el momento, no hay una fecha de reanudación definida para un encuentro que se consideraba indispensable para encauzar el panorama político y económico de la provincia antes del cierre del corriente año.
El incidente no solo frustró el debate de temas fundamentales, sino que también puso en evidencia el rompimiento de relaciones políticas que se habían gestado durante el último año.
En particular, la tensión se centró en el bloque del Partido Justicialista (PJ). Legisladores del bloque FORJA acusaron en off the record a sus pares justicialistas de haber colaborado activamente con la maniobra que derivó en la suspensión de la Sesión.
Lo cierto es que la Legislatura ahora enfrenta el desafío de reencauzar su labor y responder a la urgencia de los temas pendientes, en medio de un clima de profundas divisiones internas.
