Tal como se anticipaba, el Consejo Provincial de Medio Ambiente de Tierra del Fuego emitió un contundente rechazo a la propuesta de modificación de la Ley Provincial N° 1355, normativa que actualmente prohíbe el cultivo y cría de salmones en aguas jurisdiccionales lacustres y marítimas de la provincia.
El dictamen, surgido de un análisis preliminar ante la inminencia del tratamiento legislativo, remarca que la modificación, impulsada por el Gobierno Provincial y La Libertad Avanza, constituye un “retroceso normativo” que atenta contra el espíritu y objetivo original de la ley, sancionada en 2021 tras un amplio debate social.
La Ley N° 1355 fue resultado de un consenso mayoritario de la comunidad fueguina iniciado en 2018, con el fin de “asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos”. El Consejo, presidido por la actual Secretaria de Ambiente, Lic. Andrea Bianchi, destacó que la norma sí habilita la acuicultura sostenible de otras especies, como la trucha arco iris, bajo modalidades controladas y con un tope artesanal de 50 toneladas anuales, además de permitir la producción en tierra (uso consuntivo).
En este sentido, el organismo esgrimió varios argumentos centrales para fundamentar su rechazo:
- Violación de Principios Ambientales: Se sostiene que la habilitación de la salmonicultura contravendría los principios de No Regresividad, Precaución y Prevención, pilares del derecho ambiental con jerarquía constitucional.
Principio de Precaución: “La experiencia internacional con la salmonicultura intensiva muestra impactos documentados sobre la biodiversidad marina, la salud pública y las economías locales.” El Consejo subraya que, ante el peligro de daño grave, la obligación es “mantener la prohibición, no debilitarla.”
Principio de Prevención: Los riesgos asociados (introducción de especies exóticas, uso de antibióticos, contaminación por efluentes) son “previsibles y conocidos”, siendo inadmisible “exponer a la provincia a tales riesgos bajo la excusa de un desarrollo económico incierto.”
Fragmentación de la Gestión Ambiental: Los proyectos de modificación proponen otorgar competencias sobre el ambiente y los recursos hídricos a la Secretaría de Pesca, quitándoselas a la Secretaría de Ambiente. El Consejo advierte que esto implica un cambio regresivo que “afecta sustancialmente” las competencias ambientales, ya que el ambiente debe ser gestionado como un “sistema complejo y único” para garantizar el desarrollo sostenible.
- Falta de Asesoramiento y Participación Ciudadana
Otro punto de preocupación señalado por el Consejo es el proceso mediante el cual se impulsaron los cambios:
- Ausencia de Asesoramiento: El organismo cuestionó que no asesoró previamente al Poder Ejecutivo en el proyecto de ley presentado, ni abordó técnicamente la propuesta, un requisito fundamental para un dictamen de esta naturaleza.
- Falta de Participación Transparente: En línea con el Acuerdo de Escazú (Ley Nacional N° 27.566), que exige la participación abierta e inclusiva en decisiones ambientales, el Consejo señaló que el procedimiento de tratamiento en comisión de uno de los proyectos “no implicó un proceso transparente de participación ciudadana y debate público”.
El Consejo recordó que la protección de los ecosistemas marinos y lacustres de Tierra del Fuego atiende a lo establecido en el Artículo 54, inciso 4 de la Constitución Provincial, que obliga a los poderes del Estado a asegurar “la subsistencia de las especies de flora y fauna autóctonas” y “el control del comercio e introducción y liberación de especies exóticas que puedan poner en peligro la diversidad específica”.
Concluyendo su postura, el Consejo manifestó que, dada la falta de profundización técnica y de cumplimiento de los procesos participativos, “no están dadas actualmente las condiciones para una modificación sustancial” de la Ley Provincial N° 1355, por lo que su posición es de un rotundo rechazo a la iniciativa.
