El Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) solicitó este martes 2 de septiembre la convocatoria inmediata de la comisión de Educación de la Legislatura. Esta petición se hizo en el marco del ACAMPE EDUCATIVO, que cumplió ayer su segundo día en toda la provincia.
Mediante una nota dirigida a Federico Sciurano, presidente de la comisión, el sindicato pidió que la convocatoria sea este viernes 5 de septiembre. El objetivo es avanzar en el análisis y el debate del Proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Fueguino.
Para SUTEF, es crucial y prioritario tratar esta iniciativa, ya que busca garantizar una financiación adecuada, sostenible y equitativa para el sistema educativo público de la provincia, resguardando derechos fundamentales de estudiantes, trabajadoras y trabajadores de la educación, así como de la comunidad en general.
En paralelo, desde el gremio docente “repudiamos enérgicamente la solicitada publicada por las Cámaras Empresariales de la provincia, que intenta responsabilizar a la docencia de la profunda crisis social que atraviesa Tierra del Fuego AeIAS consecuencia de un modelo económico nacional al que ellos no responsabilizan”.
Para el SUTEF, “esa declaración constituye un intento deliberado de deslegitimar un reclamo legítimo y guarda un claro correlato con los discursos de odio difundidos por las máximas autoridades del país. Calificar nuestras protestas como “intereses sectoriales y egoístas” persigue la criminalización de la protesta social y la estigmatización de quienes luchamos en defensa de nuestro salario y la educación pública”.
“Resulta inaceptable atribuir la crisis a la docencia cuando la realidad muestra que años de decisiones que priorizaron la rentabilidad empresarial sobre el bienestar de las mayorías son los verdaderos responsables. El acampe educativo no es un capricho ni una decisión unilateral, es una herramienta que nos queda frente a la indiferencia de la dirigencia política de la provincia”.
En este sentido, denunciaron que “estas declaraciones no solo desvirtúan nuestras reivindicaciones, sino que también fomentan un clima de hostilidad y violencia institucional contra el sector docente. El discurso que culpa a las trabajadoras y trabajadores de la educación de la inestabilidad social, alimenta la polarización y legitima la represión, configurándose como un acto de odio dirigido a un colectivo que ejerce su derecho constitucional”.
“Rechazamos rotundamente cualquier intento de criminalizar la protesta y de usar la retórica del “interés general” para justificar la censura y el uso de la fuerza contra la docencia. La verdadera estabilidad laboral y social solo se logra mediante salarios dignos, empleo estable y el fortalecimiento de la educación pública, no mediante amenazas, intimidaciones ni campañas de difamación”.
Finalmente, exigieron que “las Cámaras Empresariales cesen inmediatamente la difusión de estos discursos de odio y respeten el derecho de la ciudadanía a expresar sus demandas sin ser tachada de “egoísta” o “dañina”. Reiteramos nuestro compromiso con el diálogo, la negociación colectiva y el respeto irrestricto a los derechos humanos como único camino para construir consensos sociales, defender con firmeza los valores de la democracia, la justicia social y la solidaridad”.
