Se conoció ayer el documento de entendimiento entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional, luego de que el organismo confirmara que este mismo martes llegará al país la primera parte del crédito: US$12.151 millones, equivalente al 60% del nuevo programa financiero acordado entre el ente y Javier Milei.
El entendimiento, de cuatro años de duración, prevé un esquema de transferencias escalonado: los próximos giros llegarán en junio y noviembre de 2025, por montos de US$2.028 millones y US$1.012 millones respectivamente, siempre supeditados al cumplimiento de los objetivos pautados. A partir de 2026, se establecen desembolsos de US$723 millones cada seis meses hasta 2029. En total, el plan contempla fondos por US$20.887 millones, de los cuales tres cuartas partes se concentrarán en los primeros doce meses.
Pero ese entendimiento, de de unas 138 páginas y que ya trascendió, fija no solo los objetivos del crédito, sino que también se permite analizar las falencias y dificultades que atraviesa la Argentina. Por eso a pocos sorprende que (otra vez) Tierra del Fuego sea puesta en la mira.
A grandes rasgos y a la hora de describir la política impositiva de la Argentina y las consideraciones que realiza el organismo para una eventual reforma, este advierte que existen unos 155 impuestos en el país y que solo seis de ellos representan el 80% de esa carga.
Sin embargo, le resulta llamativo a que a la vez se beneficie con exenciones impositivas a, por ejemplo, Tierra del Fuego, y advierte que esto “contribuye a generar inequidades”.
Esto no pasó desapercibido para representantes de Tierra del Fuego en el Congreso, que advirtieron lo volcado sobre el documento y pretenden avanzar en las próximas horas si esto obliga a los fueguinos a ponernos en guardia ante un nuevo embate.
