Hace muchos años que la provincia no atraviesa un enero tan frenético. Renuncias en áreas clave del Ejecutivo fueguino, medidas nacionales que impactan de lleno en el presente y futuro de los trabajadores de la industria; una visita fugaz de una legisladores estadounidenses en Ushuaia a tan solo días de la intervención en el puerto capitalino por parte del Gobierno Nacional y, como si esto fuera poco, aparece la Resolución 040/26 que lleva la firma del recién asumido Ministro de Economía, Alejandro Barrozo, y que pone en alerta a los intendentes de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Sobre esto último vale aclarar que el único que se expresó al respecto -hasta ahora- fue Walter Vuoto.
¿Qué sucedió ahora? El Ministerio de Economía oficializó a través de dicha resolución, incrementar en un 25% la alícuota destinada al Fondo de Prestaciones Prioritarias que se conforma con los recursos provenientes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. De esta manera, el porcentaje afectado pasó del 7% al 8,75% del total recaudado por ese tributo, previo a la distribución secundaria a los municipios.
Es por eso que se encendieron las alarmas en los tres ejecutivos locales si se tiene en cuenta que el incremento del 25%. Según la Resolución oficial, el objetivo de este aumento es “afrontar las variaciones en el precio de la materia prima del GLP”.
Desde el Ejecutivo Provincial también argumentan en los considerando de la Resolución oficial que en los últimos meses el valor del kilogramo de gas licuado de petróleo (GLP) registró aumentos sucesivos a nivel nacional, lo que impactó de manera directa en la estructura de costos que debe afrontar el Gobierno fueguino para garantizar el abastecimiento, especialmente en zonas sin acceso a la red de gas natural. También recordaron que el Gobierno Nacional congeló su aporte al programa, por lo que la Provincia se hace cargo del financiar casi el 88% del sostenimiento del subsidio.
En este sentido, hay que decir que el nuevo porcentaje comenzará a aplicarse a partir de la liquidación definitiva de la coparticipación correspondiente a febrero de 2026 para Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
El primero en encender la alarma fue el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto. Lo hizo a través de su cuenta de X donde expresó: “Hoy la provincia, decidió por decreto, hacer un recorte de los recursos que recibe Ushuaia. Esta medida impacta de manera directa en la capacidad del Municipio para sostener servicios esenciales y políticas públicas destinadas a los vecinos y vecinas de la ciudad”.
Vuoto cuestionó que “resulta particularmente llamativa la forma en que se adoptó esta decisión: sin instancias de consulta, sin diálogo previo y sin conversaciones con las autoridades municipales que gestionan cotidianamente la ciudad. El recorte fue dispuesto de manera unilateral mediante un decreto firmado por el Ministerio de Economía provincial, sin debate legislativo ni evaluación conjunta sobre sus consecuencias en la prestación de servicios municipales”.
“Esta decisión se toma mientras desde el Municipio de Ushuaia estamos llevando adelante un proceso de reordenamiento interno, con achicamiento de la estructura, eficiencia en el uso de los recursos y una administración responsable en un contexto económico complejo”, agregó el mandatario capitalino.
A su vez, sostuvo que “la medida deja a los vecinos y vecinas en una situación de indefensión, ya que reduce la capacidad del Municipio de dar respuestas concretas en materia de pavimento, operativo invierno, servicios de salud, educación y el mantenimiento general de la ciudad. Asimismo el recorte condiciona la pauta salarial que debe discutirse con los gremios municipales en el ámbito de la mesa paritaria, afectando previsibilidad y planificación en un área sensible para las y los trabajadores”.
Para Vuoto, “cuando estas decisiones se toman de manera unilateral, los municipios terminan quedando en el medio de disputas políticas ajenas, como las diferencias entre el gobernador y el presidente, pagando las consecuencias quienes viven y trabajan en nuestras ciudades. Seguiremos defendiendo los recursos que le corresponden a la ciudad y el derecho de nuestros vecinos y vecinas a contar con servicios públicos de calidad. El diálogo y el trabajo conjunto, como digo siempre, deben ser el camino”, concluyó en su mensaje.
Análisis técnicos de la resolución aparte, la realidad también es política: se viene un año de guantes puestos donde la tensión entre Gustavo Melella y los tres intendentes pasó de un frío institucional, a un conflicto abierto que, por ahora, parece no tener retorno.
Lo cierto es que las heridas de las últimas elecciones de medio término y las agendas propias de Melella, Vuoto, Harrington y Pérez hoy actúan como un lastre. Esa falta de unidad, reclamada por diversos sectores, no solo impacta contra la capacidad de gestión local, sino que debilita a dicho frente (hoy dividido) fueguino opositor al Gobierno Nacional. Y claro está que, en la mirada de Milei, Tierra del Fuego ya no es solo el foco de una ofensiva contra el régimen industrial, sino una pieza geopolítica clave en su alianza estratégica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
