La Vicegobernadora Mónica Urquiza oficializó el rechazo total a la ley que elevaba del 20% al 28% el goteo de recursos hidrocarburíferos hacia las ciudades. El proyecto había sido aprobado por una mayoría de 11 legisladores, ya que los tres parlamentarios de FORJA y Gisela Dos Santos de Sumemos Tolhuin, no acompañaron. En medio del verano, se anticipa un escenario de confrontación prácticamente directa.
Lo que parecía un alivio financiero para las arcas municipales terminó convirtiéndose en el primer gran choque de poderes de este 2026. A través del Decreto 042/26, el Gobierno Provincial vetó de forma total la ley que pretendía incrementar la coparticipación de regalías petroleras y gasíferas para Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.
Vale recordar que uno de los puntos más llamativos (o quizá no tanto) de esta ley no fue solo su contenido, sino el volumen de apoyo que recibió en el recinto. 11 de los 15 legisladores votaron a favor de darle más recursos a los municipios. Este bloque transversal, que incluyó a la oposición y a sectores ‘independientes’, dejó en evidencia el aislamiento del oficialismo.
Los únicos que se mantuvieron en la línea del Ejecutivo fueron los tres legisladores de FORJA (Federico Greve, Federico Sciurano y Myriam Martínez) y la legisladora Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin). Este escenario de “11 contra 4” marca un sustancial quiebre en la Legislatura y pone al Gobierno en la difícil posición de gobernar con un parlamento que está más dividido que unnca.
Los argumentos del Gobierno
Desde el Gobierno no ahorraron calificativos. El Ministerio de Economía y la AREF tildaron la iniciativa de “irracional” y advirtieron que un aumento de 8 puntos porcentuales en la coparticipación (pasar del 20% al 28%) pondría en riesgo servicios esenciales como salud y educación.
El punto técnico de mayor fricción es la vinculación con Terra Ignis. Mientras los legisladores argumentaban que la suba compensaba beneficios otorgados a la empresa estatal de energía, el Gobierno asegura que la pérdida para los municipios por Terra Ignis sería de 1,3 millones de dólares, mientras que el aumento de coparticipación les costaría a las arcas provinciales más de 14,7 millones.
Lo cierto es que la moneda ahora está en el aire y el veto ya es un hecho que ha vuelto al campo de la Legislatura. Con 11 votos, los legisladores tienen el poder de insistir y dejar sin efecto el veto de la Vicegobernadora.
