Luego de que se hiciera efectiva la intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno Nacional la semana pasada, el brazo fueguino de La Libertad Avanza emitió un pronunciamiento oficial para respaldar la medida. Con una confrontación directa, el espacio libertario calificó la situación de la terminal portuaria como un escenario de “corrupción, desidia y abandono”, señalando que la decisión administrativa no responde a una disputa partidaria, sino a una urgencia de seguridad que la gestión del gobernador Gustavo Melella habría ignorado sistemáticamente.
Al igual que las distintas expresiones previas de funcionarios nacionales, el núcleo de la argumentación oficialista se centra en un informe de auditoría que describe condiciones “alarmantes” en la infraestructura, mencionando muelles deteriorados y defensas obsoletas. Según el comunicado, la administración provincial habría incurrido en un desmanejo financiero crítico, destinando más del 85% del gasto a sueldos y préstamos a otros organismos, mientras que apenas un marginal 1,3% de los recursos habría regresado al puerto en forma de obras.
Para LLA, este esquema de distribución de fondos convirtió al puerto en un “peligro” latente.
Sin embargo, el diagnóstico de “puerto en ruinas” que esgrime el partido tiene, si se quiere, un fuerte punto de contradicción si se observa la realidad operativa que se observa en los muelles. Resulta llamativo que, ante denuncias de tal calibre sobre la inseguridad de las zonas operativas, la actividad portuaria no haya sufrido interrupciones ni se hayan dictado ceses preventivos de tareas.
Es que el puerto continúa operando con normalidad, cumpliendo con los cronogramas y el intenso flujo de cruceros propio de la temporada, lo que genera un interrogante lógico: si el riesgo es tan inminente como para justificar una intervención, la continuidad de las operaciones bajo estas condiciones parece, cuanto menos, contradictoria.
Para La Libertad Avanza, el gobierno de Melella ha intentado disfrazar el abandono como gestión, y sostienen que la intervención nacional es la única vía para garantizar estándares mínimos de seguridad.
Al cerrar su postura, el espacio libertario enfatizó que un puerto en condiciones deplorables no es una cuestión de política interna, sino una amenaza real, exigiendo que el Ejecutivo provincial se haga cargo de las falencias señaladas mientras se inicia esta nueva etapa de control federal sobre uno de los recursos estratégico más importantes de la isla.
