El gobierno de Tierra del Fuego, junto a la Dirección Provincial de Puertos (DPP) y diversos gremios del sector, formalizaron un Acta Acuerdo para establecer una red de protección económica y legal para los trabajadores portuarios.
Esta medida surge como respuesta a la Resolución Nº 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), la cual dispuso la intervención del Puerto de Ushuaia y la suspensión de su habilitación por un periodo de 12 meses.
Desde el pasado 21 de enero, un operativo de seguridad nacional ha impedido físicamente el ingreso de la mayoría de los trabajadores provinciales a sus puestos de trabajo. Ante lo que la provincia califica como una “vía de hecho”, la administración fueguina ya ha presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Justicia Federal que se declaró incompetente con lo cual todo quedará en manos de la Corte Suprema de la Nación.
El acuerdo, rubricado por la vicegobernadora Mónica Urquiza, el presidente de la DPP, Roberto Murcia, y representantes de gremios como ATE, UPCN, APEDEFA y el Sindicato Único de Administración Portuaria, busca desvincular a los empleados de las consecuencias de este conflicto entre jurisdicciones.
El documento establece garantías fundamentales que regirán mientras dure la intervención nacional.
Por un lado, asegura el pago íntegro de haberes y la continuidad del vínculo laboral para toda la planta. Además, se trabajará en la creación de un nuevo ítem salarial en una mesa conjunta.
Desde el Ejecutivo Provincial informaron que se definió que la imposibilidad de ingresar al puerto no será considerada abandono de servicio ni falta disciplinaria. Los trabajadores quedan en situación de “plena disponibilidad”.
A su vez, el personal queda exento de responsabilidad sobre bienes, maquinarias e instalaciones que actualmente se encuentran bajo custodia de la intervención nacional.
Se evaluarán esquemas de trabajo no presencial, capacitaciones o apoyo en otras áreas del Estado provincial, siempre bajo la supervisión de una mesa bilateral entre la DPP y los sindicatos.
Vale decir que el acta tiene efecto retroactivo al 21 de enero de 2026 y se mantendrá vigente hasta que la administración del puerto sea normalizada. Las partes involucradas se comprometieron a mantener la paz social, delegando cualquier conflicto de interpretación al Ministerio de Trabajo de la Provincia, bajo el marco de la Ley Provincial 1511.
