La disputa por el Puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo, ahora, jurídico. Tras la presentación de una acción de inconstitucionalidad y una medida cautelar por parte del Gobierno Provincial, la Justicia Federal decidió no habilitar el tratamiento durante el receso de enero, lo que mantiene vigente la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables que depende del Gobierno Nacional.
Ni rechazo de fondo, ni aval inmediato
Lo cierto es que el Dr. Federico Calvete no se pronunció sobre si la intervención nacional es legal o no. Su resolución se limitó a negar la habilitación de la feria judicial, al entender que no se acreditaron los requisitos de urgencia extrema que justifiquen romper el receso administrativo del Poder Judicial.
En términos prácticos, esto significa que la cautelar presentada por el gobernador Gustavo Melella será analizada recién en febrero, una vez que se reanude la actividad judicial ordinaria. Mientras tanto, la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) continúa operativa, con Sergio Arreseygor a la cabeza de la intervención.
Observaciones al equipo legal de la Provincia
Un punto que llamó la atención en el mundo judicial fue la advertencia del magistrado hacia el Secretario Legal y Técnico del Gobierno Provincial, Emilio Fossatto. Calvete señaló que, para actuar en una causa de esta magnitud ante el fuero federal, el funcionario debe contar con la matrícula federal correspondiente, un requisito formal que no se habría cumplido al momento de la presentación.
Asimismo, el juez corrió vista a la Unidad Fiscal Federal, a cargo de Candela Fernández Núñez, para que dictamine sobre la competencia y la legitimidad de las partes, un paso procesal obligatorio que dilata aún más cualquier definición inmediata.
¿Qué pasará ahora?
Con la feria judicial aún vigente, el puerto opera bajo un esquema de dualidad técnica: la intervención administrativa tiene a su cargo la gestión operativa y financiera por un plazo de 12 meses, mientras la temporada de cruceros 2025-2026 continúa su curso. La verdadera batalla legal comenzará en febrero, cuando la Justicia deba decidir si hace lugar al reclamo de inconstitucionalidad planteado por Melella o si convalida las facultades de control de la Autoridad Portuaria Naciona
