A pedido del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) la jueza federal Martina Forns suspendió por seis meses el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad que había sido dispuesto por decreto del presidente Javier Milei.
El juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº2 hizo lugar a una medida cautelar presentada por uno de los seis gremios que representan a los más de cinco mil trabajadores de la DNV.
La suspensión del decreto 461/2025 que ordenaba la disolución del organismo y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Economía y a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte fue fundamentada en que la Ley Bases (Nº 27.742) no otorgó facultades delegadas para el cierre de un ente autárquico como lo es Vialidad, excluido expresamente de la reorganización administrativa y que, además, fue creado por ley hace más de 93 años.
El Gobierno nacional ya confirmó este jueves por la tarde que apelará la decisión judicial que suspendió el decreto presidencial que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
La medida fue comunicada a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien expresó en sus redes sociales: “El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional”.
Fundada en 1932, la Dirección Nacional de Vialidad se definió como el organismo técnico con potestad de construir, mantener y administrar la red vial nacional, que supera los 40.000 kilómetros e incluye más de 5.500 trabajadores distribuidos en todo el país.