Luego de la escandalosa comisión que tuvo lugar el pasado viernes en la sede que la Legislatura tiene en Río Grande, finalmente se conoció el dictamen oficial al proyecto que fue presentado por el Gobierno Provincial con el cual buscan modificar la Ley N° 1355 de producción acuícola en general a pesar de que las salmoneras se llevan el centro de atención.
Tras días de silencio por parte de quienes participaron de la comisión como así también de la propia comunicación institucional de la Legislatura, se terminó de oficializar que los legisladores Agustín Coto (Libertad Avanza), Myriam Martínez (FORJA), Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin) y Juan Carlos Pino (PJ) fueron quienes pusieron la firma para lograr el dictamen que podría convertirse en ley en la próxima Sesión Ordinaria que todavía no tiene fecha confirmada.
Otro dato llamativo es Juan Carlos Pino, quien en su gestión como concejal de Ushuaia impulsó un proyecto -fue aprobado en 2019- para prohibir la producción de salmones en el ejido urbano de la capital fueguina, ahora decidió acompañar con su firma el dictamen de la iniciativa promovida por el oficialismo.
Recordemos que la legisladora del Partido Verde, Laura Colazo, presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión N° 3 de Recursos Naturales luego de haber denunciado públicamente que “la decisión se debe a lo ocurrido tras la sesión conjunta de las Comisiones N.º 1 y N.º 3, en la que se trató la modificación de la Ley Provincial N.º 1355, que prohíbe la salmonicultura intensiva en nuestra provincia”.
En este sentido, agregó que durante la reunión se declaró un cuarto intermedio. Sin embargo, una vez que la presidenta de la Comisión de Recursos Naturales se retirara de la Legislatura, dicho cuarto intermedio fue levantado “y, sin mi presencia ni conocimiento previo, se emitió dictamen favorable para modificar esta ley”.
El proyecto que fue presentado por el propio gobernador Gustavo Melella tiene como objetivo, según su articulado, “promover el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura continental y marítima en la provincia, considerando el triple abordaje, tanto ambiental, social como econ6mico bajo la premisa principal e irrenunciable del cuidado del ambiente”.
A su vez, señala que “prohíbe toda actividad de cultivo y producción de salmónidos en aguas del Canal Beagle, a fin de asegurar la protección y preservación integral de este ecosistema costero singular, para el mantenimiento de su biodiversidad marina y usos actuales”.
“En los lagos y lagunas, cursos de ríos y arroyos se practicará el uso consuntivo de las aguas, la autoridad de aplicación garantizará las tareas actuales de resguardo de reproductores y repoblamiento de peces, en acuerdo con los parámetros de sustentabilidad de cada recurso hídrico, según lo establece la Ley provincial de Aguas 1126”.
El proyecto impulsado por el oficialismo aclara que “cada proyecto productivo a presentar, deberá tener en cuenta diseños de sistemas estandarizados de crianzas, entre otros, el sistema de Circuito Cerrado de Recirculado de Agua (Sistema RAS). Todos ellos contemplarán su construcción en función de las características y tipo de emprendimiento y estructuras adaptadas a los requerimientos de cada especie en particular objeto de cultivo, en equilibrio con los ecosistemas naturales”.
Finalmente, establece que un porcentaje de la producción total de los proyectos de acuicultura a desarrollarse en la Provincia, “serán reservados para el consumo local, dicho porcentaje se establecerá por reglamentación”.
Las dudas que quedan por saldar es si la “renuncia indeclinable” presentada por la Legisladora Colazo debe o no ser aceptada por el Parlamento y, de ser así, si hay que convocar o no a una nueva reunión de Comisión N°3.
Mientras tanto, organizaciones ambientalistas ya confirmaron movilizaciones en las tres ciudades para este mismo lunes.
