El calendario marca el tramo final de un entendimiento clave para la industria electrónica de Tierra del Fuego. El acuerdo que firmó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las empresas del sector nucleadas en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) el 23 de mayo vence a fin de mes y hay unos 1.000 contratos que están en riesgo, muchos de los cuales tenían fecha de caducidad en el segundo semestre del año y fueron postergados a raíz del acuerdo.
Pese a que desde la UOM están intentando evitar la salida de esos trabajadores, el escenario productivo (bajo consumo, reducción de aranceles en celulares, mayor oferta por la importación y bajos precios) hace prácticamente inviable esa posibilidad.
Las partes habían alcanzado ese acuerdo luego de que el Gobierno anunciara la baja gradual de aranceles a los celulares, que terminará de suceder el 16 de enero próximo.
Recordemos que dicho acuerdo surgió tras una semana de conflicto y medidas de fuerza en la provincia. En ese contexto, las partes retomaron la actividad y establecieron compromisos para evitar despidos durante el resto del año (a pesar de que los hubo en algunas plantas).
El secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, advirtió en diálogo con Infobae sobre la dificultad para garantizar la continuidad de esos contratos temporarios. Según explicó, el universo alcanzado por esta situación se ubicó entre 800 y 1.000 trabajadores. Indicó que muchos de esos vínculos tenían fechas de vencimiento posteriores a la firma del acuerdo y que, aun así, quedaron comprendidos dentro del esquema transitorio. Lo mismo confirmaron en una empresa del sector: “Había contratos que vencían a posteriori de que firmáramos el acuerdo y hubo que postergarlos y mantener a los trabajadores suspendidos. Pero a fin de año caducan”.
En este contexto, la ministra de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, convocó el pasado 15 de diciembre a una nueva instancia de la mesa de diálogo en el marco de los Decretos Presidenciales Nº 333/25 y 334/25, vinculados a las últimas modificaciones arancelarias e impositivas dispuestas el 20 de mayo.
La convocatoria se articuló en continuidad con las conversaciones que se venían desarrollando en el seno de esta mesa, e incluyó la participación presencial de representantes de alta dirigencia de cada empresa involucrada, más allá de la representación de las cámaras empresariales.
Sin embargo, en la última reunión de este viernes, no hubo ningún tipo de avance.
Por su parte, la subsecretaria de Industria de la Provincia, Alejandra Man, dialogó con FM La Isla donde diferenció la situación de Río Grande respecto de Ushuaia. Señaló que perder 1.500 puestos de trabajo en una ciudad que depende casi exclusivamente de la industria no es lo mismo que una caída de 300 empleos en una economía más diversificada. “Río Grande no tiene un esquema que permita reinsertar a esos trabajadores. Es una cuestión del día a día”.
“Estamos hablando de la posibilidad cierta de que mil contratos solo en Río Grande se caigan al fin de año. Siempre supimos que el polo industrial está instalado en Río Grande”, concluyó.
