El abogado Francisco Giménez cuestionó duramente la decisión del Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, de excusarse en el juicio vinculado a la intervención del puerto y sostuvo que la Constitución establece claramente su obligación de actuar.
“La Constitución es clara en cuanto a que el fiscal de Estado es el encargado de la defensa de los intereses de la provincia”, afirmó por Radio Provincia. En ese sentido, remarcó que su intervención no es opcional cuando existen conflictos institucionales.
Para Giménez, la excusación implica un incumplimiento de sus responsabilidades: “Debe asumir las responsabilidades constitucionales que le competen porque evidentemente están en juego los intereses de la provincia”.
Asimismo, fue crítico con el dictamen emitido por el funcionario y dijo que “debe intervenir y no hacer un mamotreto de 130 fojas para explicar. Debemos tener en claro que tenemos un fiscal de Estado que ha abandonado sus competencias constitucionales y ha dejado a la deriva a la provincia en manos del Gobernador una estrategía legal que no ha resultado”.
Advertencia sobre la falta de defensa institucional de la provincia
El abogado consideró que la decisión deja a la provincia en una situación de vulnerabilidad jurídica frente a la intervención nacional. “Si abandona esto, junto con todos los fiscales de la Fiscalía de Estado, pues bueno, los fueguinos estamos en manos de nadie, a la deriva”, advirtió.
Además, planteó que el fiscal debía asumir el rol institucional, independientemente de su postura personal sobre el conflicto: “Si él estima que no hay que iniciar acciones judiciales, debe expedirse en tal sentido, pero de ninguna manera plantear un abandono a la defensa de los intereses de la provincia”.
En ese marco, subrayó la gravedad del contexto: “Supongamos que vienen a saquear el puerto. ¿Quién nos defiende si el fiscal de Estado abandona sus responsabilidades?”.
Reclamo a la Legislatura para que evalúe la conducta del funcionario
Giménez sostuvo que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de analizar el accionar del fiscal y evaluar posibles medidas institucionales. “La Legislatura debe tomar cartas en el asunto. Para eso están los mecanismos de juicio político”, señaló.
Si bien aclaró que no prejuzga su culpabilidad, consideró que existen motivos suficientes para una evaluación formal: “Hay méritos para analizar su conducta mediante un juicio político a la Legislatura analizando lo que acaba de hacer”.
En esa línea, calificó el hecho como un episodio de gran gravedad institucional: “Es una gravedad institucional pocas veces vista. No me explico que esto no sea un escándalo institucional”.
Críticas a la estrategia judicial del gobierno provincial
El abogado también cuestionó la estrategia legal impulsada por el Ejecutivo provincial en el conflicto con el Estado nacional. “El gobernador largó una aventura judicial en la Justicia Federal”, afirmó, y agregó que el fiscal de Estado tenía la responsabilidad de corregir o encauzar esa estrategia.
Además, sostuvo que la ausencia del fiscal agrava el escenario institucional “el fiscal de Estado precisamente está para asumir sus responsabilidades y corregir lo que haya que corregir en defensa de los intereses de la provincia”.
Señalamientos sobre el rol del fiscal y su permanencia en el cargo
Giménez también puso en debate la permanencia del fiscal de Estado, al señalar que lleva décadas en funciones. “Es un fiscal de Estado que hace ya treinta y pico de años que está en su cargo y goza de una inamovibilidad”, afirmó.
Según el abogado, esta situación refuerza la necesidad de control institucional: “La Legislatura debe asumir sus responsabilidades también y analizar su conducta”.
Consideraciones sobre el interventor del puerto y los organismos de control
En relación a la intervención nacional del puerto, Giménez sostuvo que existen mecanismos de control que deberían garantizar la transparencia. “El interventor y todos los funcionarios que llegaron a intervenir tienen sus responsabilidades legales y están sometidos a controles por parte de organismos nacionales federales”, explicó.
No obstante, insistió en que el problema central es la falta de representación legal de la provincia: “Hoy el caso es que hay un fiscal de Estado que abandonó sus competencias constitucionales”.
Postura sobre el gobernador y el escenario político
Finalmente, Giménez sostuvo que, pese a las críticas, el gobernador debe completar su mandato. “La única acción que se puede hacer contra el gobernador es un juicio político, pero creo que sería un error. Debe terminar su mandato”, opinó.
Asimismo, anticipó un contexto político complejo en los próximos meses: “Seguramente vamos a tener un año largo y difícil”. Y concluyó con un llamado a la dirigencia política a asumir responsabilidades institucionales: “Lo que no se puede hacer es mirar para un costado y dejar pasar lo que hizo el fiscal de Estado”.
